S\egún anunció la comisaria de Energía y Transportes, Loyola de
Palacio, la Comisión Europea lanzará en las próximas semanas un
paquete de medidas para armonizar el coste de los peajes en carreteras
y otros medios de transporte en la UE, con vistas a mejorar las
infraestructuras y promover una distribución "más racional''
del transporte. Bruselas pretende establecer un nivel máximo de
tarifas sobre el usuario en todas las carreteras de los Quince y
obligar a que los recursos obtenidos por esta fórmula reviertan
siempre en infraestructuras para el transporte. En ocasiones, los
fondos obtenidos por una autopista podrán financiar la construcción
de una vía de ferrocarril o de un aeropuerto.
Perfecto. Pero, ¿llegará la
propuesta a tiempo de detener la privatización de Audasa y propiciar
su transferencia a la Comunidad Autónoma gallega? A estas alturas es
imposible hacer creer que la privatización de la Autopista del Atlántico,
con prórroga de 25 años en la concesión, perseguirá que lo que
paga el usuario se destine a infraestructuras. Antes bien, por el
contrario, la privatización será un excelente negocio, a costa de
sangrar la economía gallega.
Según la Contabilidad Regional
de España, el PIB a precios corrientes de Galicia en 1995 era el 5,61
del total nacional, porcentaje que en 2001 bajó a 5,31. En cuanto a
la renta disponible bruta per cápita, en 1995 equivalía al 87,5 por
ciento de España y en 2000 descendió hasta el 85,5. Parece que lo
que necesita Galicia no es que lleven fuera los pingües beneficios de
Audasa, sino que se conviertan en recursos para la Comunidad Autónoma,
única manera de que puedan revertir en las infraestructuras que
necesita Galicia para abandonar el vagón de cola. ¿O no?
