REDACCIÓN - o morrazo
La Plataforma Cidadá pola Supresión da Peaxe acusó ayer a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -Sepi- de "ocultar
descaradamente" las condiciones del cuaderno de venta que regulará
el proceso de privatización de la autopista, al tiempo que reprochó
al Gobierno central su "incapacidad" para explicar a los
propietarios de la A-9, los ciudadanos, las ventajas sociales" de su
decisión. Por ello, añaden, y "con la complicidad de la Xunta, calla
y niega documentación".
El presidente del colectivo, Jesús Cancelas Franco, realizó estas
manifestaciones tras recibir la respuesta de la Sepi a la petición
de información realizada por la Plataforma. Así, y según afirmó, la
directora del gabinete de la presidencia de la sociedad contesta
"con evasivas y no entra en el fondo de las cuestiones planteadas",
ya que justifica su negativa a facilitar el contenido del cuaderno
de venta en el hecho de que "está sujeto a cláusulas estrictas de
confidencialidad suscritas entre las partes, Sepi y los
participantes en el proceso". "Una sociedad estatal que teóricamente
debe velar por el patrimonio público prepara la privatización de
Audasa ocultándonos descaradamente las condiciones del cuaderno de
venta", añade el responsable del movimiento antipeaje.
Aclara también que los ciudadanos "somos los verdaderos titulares
de la Autopista del Atlántico, incluido el puente de Rande",
mientras que el Gobierno "es solamente administrador temporal del
mismo y, además, debe rendir cuentas de su gestión".
Insisten desde la Plataforma en preguntarse las razones por las
cuales los responsables del Estado se niegan a contemplar en el
cuaderno de venta "la tan reclamada supresión del peaje en Rande, en
el área metropolitana de Vigo, tal y como unánimemente reclama la
sociedad gallega", ya que, recuerdan, "hay margen suficiente en los
beneficios que se pueden recortar; hay razones de peso que nadie se
atreve a negar". "Sin embargo", señala el presidente del colectivo,
"van a cometer el abuso y prolongar esta injusticia social".
Afirma además que el Gobierno central "nos va a imponer un peaje
absurdo hasta 2048", ello "para ingresar más de 1.500 millones de
euros que pagaremos los verdaderos propietarios". Mientras, añade,
la Xunta de Galicia "mantiene un silencio inexplicable o dice
timidamente que realiza gestiones". "¿Quién defiende nuestros
intereses?", se pregunta.
Lamenta también que durante los días en que el gobierno gallego
"meditó en un balneario, también a costa de los presupuestos
públicos", sus responsables "volvieron a negarse a rectificar este
tema y a tomar la decisión de reclamar ante Madrid o que tantas
veces le tenemos pedido".
Ante la situación actual, y tras la última marcha antipeaje,
celebrada el 5 de abril, los responsables de la Plataforma han
anunciado su intención de mantener sus reivindicaciones mediante
acciones o medidas que anunciarán en su momento, todo para insistir
en la necesidad de la eliminación del peaje.