Martes, 27 de Mayo de 2003  
ECONOMÍA
Comprar ENA otorga ventajas fiscales y no obliga a invertir en nuevos tramos
-El Estado persigue cobrar «en mano» más de 1.100 millones, aunque el nuevo dueño no haga más autopistas
-Abertis-Brisa se retira del concurso, al considerar que el precio es elevado.

El grupo que se haga con la propiedad de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) heredará unas bonificaciones fiscales de más de 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas). Es una de las ventajas incluidas en el folleto de venta de ENA que, sin embargo no obliga al comprador a realizar ninguna obra nueva de autopista ni a la construcción de nuevos tramos, como podría ser el Lalín-Ourense, de la Autopista Central Gallega (CESA).

Un estudio publicado por ENA hace cinco años, ya destacaba las bonificaciones fiscales de las que goza la autopista gallega. Dichas ventajas, aprobadas en apoyo de la inversión social que representa una autopista en manos públicas, no han sido derogadas para el caso de que su explotación pase a ser reantabilizada por una compañía privada.

Bonificaciones

Las bonificaciones fiscales se extienden, básicamente, a cuatro impuestos. El titular de la Autopista heredará una reducción del 95% en la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), sobre todos los terrenos destinados a la autopista de peaje. Esta ventaja fiscal ha sido recurrida por algunos ayuntamientos gallegos. El ahorro por IBI ha llegado a superar los 2,40 millones de euros por año.

Asimismo, se bonifica con un 95% el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, tanto para terrenos como para formalización de préstamos incluso con bancos extranjeros.

ENA ha venido disfrutando también de los derechos arancelarios, impuesto de compensación de gravámenes interiores e impuesto general sobre el tráfico de empresas, que graven la importación de máquinas para realizar obras en las autopistas.

Otro de los asuntos que ha llamado la atención de los concursantes a la privatización de ENA es la no exigencia de un plan de inversiones. Dicho de otro modo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a cuenta de obtener un mejor precio de venta, no exige al futuro dueño que construya nuevos tramos de autopista.

ENA es titular de cuatro autopistas españolas: las gallegas Audasa y Autoestradas de Galicia, la astur-leonesa Aucalsa, y el 50% de la navarra Audenasa. El grupo facturó 154,5 millones de euros por peajes en el 2002, con un beneficio atribuido a la sociedad matriz de 98 millones de euros.

Se retira Brisa

El grupo de autopistas encabezado por la catalana Abertis (Acesa-Áurea) y la portuguesa Brisa, decidió ayer retirarse del concurso de privatización de ENA, al considerar que el precio mínimo de 1.100 millones de euros es excesivamente elevado. Sus representantes aseguraron ayer que «el conjunto de condiciones finales de la operación no se ajusta a los criterios de inversión establecidos por el consorcio».

Con la retirada de Abertis-Brisa, la SEPI tendrá que elegir el mejor precio entre alguno de los cuatro finalistas que ayer sí presentaron ofertas. Se trata de los consorcios integrados por Sacyr-Vallehermoso, Torreal, SCH, Caixa Galicia, Caixanova y El Monte de Sevilla; el conformado por FCC y Acciona; el encabezado por Ferrovial, en asociación con Europistas, Caja Madrid, Unicaja y Banesto; y el formado por la británica Apax Partners y la española OHL.

Fuentes de los concursantes coinciden con Brisa en que la rentabilidad para el comprador queda muy ajustada, debido a que la subasta situará el precio final entre los 1.100 y los 1.800 millones de euros y aún habrá que asumir un elevado endeudamiento en ENA. Según la auditoría entregada por la SEPI a los concursantes, la Empresa Nacional de Autopistas debe 1.465 millones de euros, de los que 972 son a largo plazo y 493 a corto plazo. La auditoría advierte de que este año habrá que pedir nuevos créditos por valor de 422,4 millones.

¿Bajada de peajes?

El 25 de agosto entrará en vigor la nueva ley de concesiones, que prevé la obligación de bajar los peajes de las autopistas a las empresas concesionarias en el caso de que los beneficios o el tráfico que registran superen las previsiones que se realizaron en el momento del contrato de concesión. La nueva ley, publicada el sábado en el BOE, pretende que las empresas aporten 23.000 millones de los 114.129 millones de euros presupuestados por el Ministerio de Fomento en el Plan de Infraestructuras 2000-2007. El texto permite la explotación privada de áreas de servicio, estaciones y otras zonas comerciales anexas a una autovía o autopista. La ley introduce el peaje en sombra , para que el concesionario cobre del Estado y no del usuario.
Manuel V. Sola (redacción)