ENA vendió este paquete de bonos en 1996, cuando aún era una empresa
pública. Los bonos tenían entonces garantía del Estado. Según las
condiciones del contrato firmado hace siete años, la retirada del Estado
como garante de la deuda era motivo suficiente para que los bonistas
reclamaran la cantidad invertida. Con la privatización de ENA,
materializada hace apenas un mes, el Estado ha dejado de actuar como
garantía y los nuevos dueños de la concesionaria se han visto obligados a
hacer frente al pago. La firma de calificación de riesgos Standard &
Poor’s rebajó el ráting de ENA en nueve tramos, desde AA+ a BB+, un nivel
equivalente a un bono basura, por la menor garantía de su pago al dejar de
ser una empresa pública.
El consorcio liderado por Sacyr y en el
que también participan Santander, Caixa Galicia, Caixanova, Torreal y El
Monte ya tenía previsto realizar este desembolso cuando cerró la
privatización de ENA. Los nuevos dueños de la concesionaria firmaron
entonces un préstamo sindicado de 1.600 millones de euros para culminar la
operación.
De éstos, 1.200 millones de euros estaban destinados a
cerrar la compra y los cuatrocientos millones de euros restantes iban
dirigidos a asegurar la refinanciación de la deuda de Audasa, Aucalsa,
Audenasa y Autoestradas, las concesionarias participadas por ENA. El plazo
de vencimiento del préstamo es de siete años.
