LA
LUXEMBURGUESA GRANATA APARECE AHORA COMO PROPIETARIA DEL 50% DE
ESTA EMPRESA NAVAL VIGUESA
La
Sepi dice que la compra del astillero vigués Barreras fue
"legal e impecable"
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| Imagen del acuerdo de venta con
Rodolfo Burgos, Antonio Mendoza, Pedro Ferreras y José F.
González Viñas .
GLG
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Redacción
/ VIGO
L a Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (SEPI) y
Construcciones Navales Odiel coincidieron ayer en señalar que la
operación de privatización del astillero vigués Barreras fue
"legal e impecable" después de que en su edición de
ayer el diario "El País" señalase que el Gobierno había
vendido en 1997 el astillero a un grupo "fantasma" de
Luxemburgo.
El astillero vigués fue privatizado ese año por el Gobierno y
adjudicado a una sociedad formada por la Naviera Odiel (50%); el
equipo directivo de Barreras, encabezado por su actual presidente
Francisco G. Viñas, (30%); el Grupo Albacora (10%) y al actual
presidente de la Cámara de Comercio de Vigo y empresario del
sector naval José García Costas (10%). Sin embargo, y según el
rotativo madrileño, las acciones de la Naviera Odiel se desviaron
a Construcciones Navales del Odiel, una sociedad unipersonal
domiciliada en Bilbao constituida tres meses después de que se
aprobara la privatización y que es propiedad en un 100% de una
empresa luxemburguesa denominada Granata, en la que participan
varias sociedades con sedes sociales en varios paraísos fiscales.
Sin vínculos
La información de "El País" sostiene que el
actual consejero de la Naviera Odiel, Javier Pereda, niega
cualquier vinculación de su empresa con Construcciones Navales
Odiel. Por lo tanto, el Gobierno habría vendido Barreras a una
empresa que no figura en el acuerdo del Consejo de Ministros. Sin
embargo, hasta cuatro miembros de Construcciones Navales Odiel se
sentaron en el consejo de administración de Barreras y uno de los
accionistas del Grupo Odiel, el entonces consejero delegado de la
Naviera Odiel , Rodolfo Burgos Marín (que tenía el 5% del
grupo), dirigió la operación de compra que ahora la naviera no
reconoce.
Existe, no obstante, un documento en el que se señala que la
empresa Naviera del Odiel responde de todas las obligaciones
contraídas por Construcciones Navales Odiel.
La SEPI, presidida entonces por Pedro Ferreras, aclaró ayer
que Odiel, la firma que encabezó el consorcio comprador del
astillero Hijos de J. Barreras en 1998, había comunicado en su
oferta su pretensión de crear una sociedad para gestionar la
operación en caso de que resultara adjudicatario. Según la SEPI,
esta es una "práctica habitual" no sólo en los
procesos de privatización cuando la oferta la realizan varias
empresas, sino también en el tráfico entre empresas privadas.
"Por esta razón, el Grupo Odiel creó la sociedad
(Construcciones Navales del Odiel) después de la autorización
del Consejo de Ministros", explicó.
El presidente de Barreras guarda por el momento silencio aunque
fuentes cercanas a la empresa señalaron que será mañana, una
vez consultados el resto de los accionistas, cuando intente
aclarar lo ocurrido.
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Príncipe:
"La Naviera Odiel nunca estuvo en la operación"
En
la información de "El País" se recuerda que el
senador Carlos Príncipe había preguntado en el Senado
por la venta de Barreras antes de que se cerrara la
operación. FARO preguntó ahora a Príncipe el motivo de
aquella intervención y contestó que "en aquel
momento Odiel me informó que no tenía nada que ver con
la compra, aunque pudiera haber personas de la empresa a título
personal". También dice el senador que FCC, que había
sido citada como posible compradora, le aseguró entonces
que no había intervenido".
"Pasados los años", añade Príncipe,
"el tiempo me ha dado la razón, y de confirmarse las
informaciones, se puede asegurar que el Gobierno del PP ha
mentido a los vigueses".
Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Socialista, Antonio Cuevas, urgió ayer al
candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, al Ejecutivo de José María Aznar y a la SEPI a
dar explicaciones sobre la venta de Barreras.
Cuevas señaló que, de confirmarse la información,
sería un "delito suficientemente grave" como
para que Rajoy exija responsabilidades a la SEPI y al
Gobierno. "El señor Rajoy no puede seguir siendo
candidato sin ofrecer una explicación de esta operación",
aseguró.
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